La «Tirana de Huarmey»: Un Análisis sobre la Sucesión Presidencial
La candidatura de María del Carmen Alva a la Presidencia del Congreso — y por ende, a la sucesión constitucional de la República— no es una simple disputa política entre élites. Es la manifestación cruda y directa de cómo el poder económico busca gestionar el Estado en momentos de crisis. Para los sectores populares y la clase trabajadora, su eventual ascenso al sillón presidencial representa el triunfo más descarnado de la oligarquía agroexportadora, personificada en quien bien podemos llamar la «Tirana de Huarmey».
El apodo no es gratuito. Responde a una estructura de explotación que tiene nombre y apellido: las empresas de su esposo, Eric Farah Bote. Detrás de la fachada de «empresario exitoso» se esconde una realidad de abuso sistemático contra el proletariado agrícola. Agrícola Huarmey, Frusan Agro y Desarrollo Agrícola acumulan multas de Sunafil por cientos de miles de soles, pero el capital no entiende de sanciones, entiende de ganancias .
Fuente: Wikipedia CC BY-SA 4.0
El caso más emblemático y trágico es el de José Carrasco Chicoma, un joven de 22 años que en 2019 fue enviado a reparar una bomba en un reservorio de Frusan Agro, en Olmos, Lambayeque, sin implementos de seguridad. El resultado fue su muerte por ahogamiento. José dejó una hija de dos años . La ley, a través de Sunafil, impuso una multa de S/ 76,545 por esta negligencia que costó una vida. Sin embargo, en la lógica del capital, las multas son solo un costo de producción más, que a menudo se impugnan o simplemente se ignoran. Como denunció El Foco, las multas contra el clan Farah-Alva ascienden a casi medio millón de soles, muchas de ellas sin pagar .
Pero la «Tirana» no solo explota indirectamente a través de las empresas familiares. Lo hace también desde la palestra política. Mientras los trabajadores de Agrícola Huarmey eran intoxicados con alimentos en mal estado y no tenían seguro de salud, la entonces congresista Alva se desempeñaba como asesora del Ministerio de Trabajo . Es la contradicción de clase en su máxima expresión: la encargada de velar por los derechos laborales legislando para la patronal que viola esos derechos. No es de extrañar que haya presentado proyectos de ley —como el PL 321— que buscaban precarizar aún más el trabajo temporal, justo el tipo de contratación que predomina en el sector agroexportador de su familia
El Peligro de la «Tirana» en el Poder
Que María del Carmen Alva asuma la Presidencia de la República no sería solo un relevo administrativo. Sería la confirmación de que el poder económico puede prescindir de los intermediarios y sentarse directamente en Palacio de Gobierno. Es el triunfo de la oligarquía que desprecia al «indio» y al «cholo» —como ella misma lo ha manifestado — y que, desde el Estado, puede garantizar un marco legal aún más favorable para la acumulación de capital a costa de la miseria del pueblo.
La impunidad en el caso de la muerte de José Carrasco, el hecho de que las multas queden sin cobro y que los inspectores de Sunafil tengan las manos atadas, son la prueba de que el Estado peruano, en manos de esta clase, no protege a los trabajadores, protege a los empresarios. Colocar a Alva en la primera magistratura es enviar un mensaje claro: el Estado está al servicio de los patrones, y la vida de un joven obrero vale menos que una multa impaga.
