La oligarquía peruana y el Estado cómplice: Muerte y lucro en tiempos de Medifarma

El caso de Medifarma no es un accidente aislado, sino un crimen estructural del capitalismo burocrático y la oligarquía peruana. Detrás del suero fisiológico contaminado que provocó la muerte de una niña de 1 año y 20 días en la clínica Sanna, y decenas de intoxicaciones en clínicas privadas, se esconde la lógica depredadora del capital monopolista. La empresa, propiedad del Grupo Picasso Candamo (controlado por la familia Picasso Arias , con un patrimonio de US$ 830 millones, opera en alianza estratégica con la familia Arias Vargas (dueña de US$ 1,030 millones), ambas vinculadas a Minera Poderosa y al megapuerto de Chancay. Este poder económico conjunto (más de US$ 1,830 millones) las ubica por encima de oligarcas como Roque Benavides (quinto en el ranking nacional), consolidándose como una red que secuestra al Estado neoliberal. Mientras la prensa burguesa invisibiliza su patrimonio y responsabilidad e influencia real en los hechos, estas familias priorizan el lucro sobre la vida humana monopolizando el mercado, utilizando al Estado como instrumento para garantizar impunidad, en negocios que van desde la minería hasta la salud. incluso a través de la fiscalía que hace poco archivó una denuncia contra Medifarma y otras farmacéuticas por actos ilegales, como concertación dolosa de precios.

La prensa burguesa, al servicio de la clase dominante, ha invisibilizado a los dueños del Grupo Picasso Candamo como directos responsables (además, cuentan con antecedentes en sus prácticas ilegales), enfocándose únicamente en gerentes subalternos, los que van a pagar las consecuencias de una política empresarial de la muerte y la avaricia sin límites, cuyos autores son los propietarios de este pulpo capitalista. Esta estrategia de distracción busca proteger a la oligarquía, cuyos tentáculos se extienden desde la industria farmacéutica hasta la minería de oro (a través de Minera Poderosa). Mientras tanto, el Estado peruano – secuestrado por intereses oligárquicos – no solo falló en regular la producción de medicamentos, sino que permitió que lotes defectuosos sean distribuidos, sacrificando ala población. Además, el ministro de salud del régimen, mientras despotrica de MEDIFARMA, resulta que firmó una resolución ministerial el 22 de noviembre del 2024 que amplía el plazo para reportar sospechas en casos de reacciones adversas de un medicamento dentro de los 7 días calendario, lo que antes, según la norma anterior de julio 2022, debía hacerse dentro de las 24 horas calendario de sucedido los hechos. Un cambio criminal de normas delictivas con nombres y apellidos.

Este escándalo no es excepcional: es parte de un patrón histórico de explotación y desprecio por la vida de la clase trabajadora. Desde el colapso del centro comercial Plaza & Shopping (producto de la corrupción inmobiliaria) hasta la venta de medicamentos adulterados, la oligarquía peruana demuestra que bajo el capitalismo, hasta la salud y la seguridad son mercancías negociables.

La muerte de la niña en la clínica Sanna y los otros decesos y víctimas simbolizan la barbarie del sistema: vidas truncadas por la negligencia de una empresa que, lejos de ser «independiente», forma parte de un conglomerado que acumula riqueza mediante la privatización de bienes esenciales. Ante esto, el pueblo exige no solo justicia para las víctimas, sino la socialización de la industria farmacéutica; una medida necesaria, para que la salud deje de ser un negocio y se convierta en un derecho garantizado por un pueblo organizado.

1. La red oligárquica detrás de Medifarma y su poder económico

El Grupo Picasso Candamo, dueño de Medifarma, no es una entidad aislada, sino un engranaje clave en la maquinaria de acumulación de capital de dos de las familias más poderosas del Perú: los Picasso Arias y los Arias Vargas. Su alianza estratégica – cimentada en negocios mineros, mega infraestructuras y la industria farmacéutica- revela cómo la oligarquía peruana concentra recursos estratégicos para perpetuar su dominación de clase.

La familia Picasso Arias, con un patrimonio estimado en US$ 830 millones, controla directamente el Grupo Picasso Candamo, dueño de Medifarma. Sin embargo, su poder real se multiplica al intersectarse con el capital de los Arias Vargas, dueños de US$ 1,030 millones y Minera Poderosa. Esta red de intereses compartidos les permite acumular más de US$ 1,830 millones en conjunto, posicionándose por encima de oligarcas tradicionales como Roque Benavides (quinto en el ranking nacional).

La prensa burguesa, al servicio de la hegemonía de estas familias, ha fragmentado su patrimonio para ocultar su influencia sistémica. Mientras se enfoca en casos individuales (como el de Medifarma), silencia que su fortuna surge de la explotación de recursos naturales (minería en regiones andinas) y la mercantilización de servicios públicos. Estos sectores, estratégicos para la economía neoliberal, son controlados mediante alianzas público-privadas que garantizan ganancias extraordinarias, incluso a costa de la vida humana, como sucedió en la época del COVID, con el oxígeno.

El Estado peruano, secuestrado por esta oligarquía, opera como un instrumento de clase . Ejemplo de ello es la impunidad con la que actúan empresas como Medifarma: mientras el Ministerio de Salud permitía la distribución de lotes defectuosos de suero fisiológico, los dueños del Grupo Picasso Candamo ampliaban sus inversiones en el exterior, como Bolivia y Chile. La negligencia estatal no es casual, sino producto de políticas neoliberales que priorizan la «confianza en el mercado» sobre la regulación, tal como lo denuncia la crítica marxista a la desregulación capitalista. Ejemplo de esto, es la resolución ministerial que cambió fechas sobre el plazo para reportar sospechas de productos con efectos adversos.

Esta estructura de poder no es nueva. Desde el colapso del centro comercial Plaza & Shopping (ligado a corrupción inmobiliaria) hasta la contaminación minera en Cajamarca, la oligarquía demuestra que bajo el capitalismo, hasta la seguridad pública y la salud son variables negociables en función del lucro. La muerte de la niña en la clínica Sanna no es un «error técnico», sino un crimen previsible en un sistema donde la vida de las clases populares se subordina a los intereses de una minoría rapaz.

En este contexto, el caso Medifarma expone la alianza perversa entre capital monopolista y Estado neoliberal: una alianza que, lejos de garantizar bienestar, reproduce explotación, desigualdad estructural, desprecio por la vida del pueblo. Esas son las características propias del capitalismo neoliberal en el Perú.

2. El Estado neoliberal como cómplice: De la Constitución fujimorista a la impunidad oligárquica

La complicidad del Estado peruano en el escándalo de Medifarma no es un fallo puntual, sino el resultado de décadas de ingeniería institucional neoliberal diseñada para servir a las élites. Desde la promulgación de la Constitución de 1993 bajo el régimen de Alberto Fujimori, el Estado fue reconfigurado como un ente subordinado a los intereses del capital, implementando mecanismos legales como los contratos ley que garantizaron la impunidad a las corporaciones y la privatización de bienes públicos,

La Constitución fujimorista, redactada en el marco del «Plan Verde» (un programa clandestino implementado por Fujimori en Perú), consolidó un modelo económico donde el mercado se erige como el árbitro supremo de la vida social. Los contratos ley – acuerdos que blindaban inversiones privadas en sectores estratégicos – fueron el instrumento jurídico para transferir recursos estatales a manos privadas, eliminando regulaciones que pudieran obstaculizar la acumulación capitalista. Estos contratos no solo facilitaron la privatización de empresas públicas (como la venta de Sedalib o Electroperú ), sino que sentaron las bases para un Estado desregulado, incapaz de fiscalizar actividades empresariales, incluso cuando ponen en riesgo vidas humanas.

En el caso de Medifarma, esta herencia neoliberal se materializa en la ausencia de controles efectivos sobre la producción farmacéutica. El Ministerio de Salud, en lugar de actuar como garante del derecho a la salud, operó bajo lógicas de capitalismo monopolista, permitiendo que lotes defectuosos de suero fisiológico circularan sin supervisión. La familia Picasso Arias, dueña del Grupo Picasso Candamo, supo aprovechar este vacío legal: mientras sus empresas expandían negocios en el exterior, el Estado peruano no solo ignoró las denuncias sobre irregularidades en sus plantas, sino que mantuvo contratos de distribución con Medifarma, incluso tras evidenciarse negligencia.

Este modelo de Estado no es ingenuo, sino clasista: protege a las oligarquías mediante una red de impunidad que incluye:

• Desregulación sanitaria: Eliminación de protocolos de calidad para agilizar la comercialización de medicamentos
  
• Corrupción sistémica: Vinculación de funcionarios con lobbies farmacéuticos, tal como lo evidencian casos de ex decanos del Colegio Químico Farmacéutico involucrados en redes de sobornos
  
• Represión selectiva : Criminalización de las protestas de familias afectadas, mientras los dueños de las corporaciones permanecen intocables

La muerte de la niña de 8 meses en la clínica Sanna no es un «accidente», sino un producto directo del Estado neoliberal: un Estado que, desde Fujimori hasta hoy, prioriza los contratos con capital privado sobre la vida de las clases populares. Bajo este régimen, la salud deja de ser un derecho para convertirse en una mercancía, y las víctimas del suero contaminado se suman a una larga lista de «daños colaterales» del capitalismo burocrático.

3. La mercantilización de la salud y el genocidio silencioso de las clases populares

El escándalo de Medifarma desnuda una verdad incómoda del sistema neoliberal: la salud, lejos de ser un derecho universal, se ha convertido en una mercancía de lujo accesible solo para quienes pueden pagarla. En el Perú, donde el 30% de la población no cuenta con acceso a servicios de salud adecuados, la lógica del mercado ha transformado hospitales públicos en depósitos de muerte anunciada. La niña de 1 año fallecida en la clínica Sanna no es una excepción, sino un síntoma de un modelo que prioriza el lucro sobre la vida, condenando a las clases trabajadoras a morir por enfermedades curables.

La expectativa de vida en el Perú (76 años) es más baja frente a países como Cuba (79 años), y a pesar de la guerra económica brutal de EE.UU. la salud es un pilar del Estado socialista. Mientras la isla caribeña invierte en programas preventivos (vacunación masiva, atención primaria y educación sanitaria), el Perú neoliberal destina solo el 3.9% de su PBI (2022) a salud (la mitad del promedio regional), priorizando la construcción de clínicas privadas, antes que fortalecer hospitales públicos. Este abandono sistemático explica por qué enfermedades como la desnutrición infantil, la tuberculosis o infecciones evitables, siguen matando a miles, especialmente en zonas rurales y periféricas.

El sistema de salud peruano, fragmentado y privatizado, reproduce la desigualdad de clase. Los sectores populares que dependen de hospitales estatales, donde el Estado ahorra costos, la calidad de atención es deplorable, riesgosa. En contraste, la clase adinerada acceden a servicios privados con estándares internacionales, evidenciando que en el capitalismo, hasta la supervivencia está determinada por el poder adquisitivo. Incluso, hay clínicas como SANNA, que son para la clase media trabajadora, donde los servicios también son deficientes y no hay calidad de servicio, solo el afán de lucrar, a pesar de ser privadas.

La ausencia de programas preventivos agrava la crisis. Mientras Cuba destaca por su medicina comunitaria y su enfoque en la educación sanitaria (Cuba con 9.4 médicos por cada 1,000 habitantes, Perú 1.6 cifras del Banco Mundial), el Perú carece de políticas integrales. Esta negligencia no es casual: bajo el neoliberalismo, la prevención es un «gasto» no rentable, mientras que la enfermedad genera ganancias para laboratorios y aseguradoras.

El caso de Medifarma expone, además, el clasismo y racismo estructural del sistema. Las víctimas del suero don personas de la clase trabajadora. En general, para el pueblo no solo la calidad de atención en salud es inaccesible, sino que se convierte en un mecanismo de control social: hospitales sin insumos, médicos sobrecargados y medicamentos adulterados son herramientas para perpetuar la dependencia de las clases pobres.

En este contexto, la muerte de la niña en la clínica Sanna no es un «error», sino un genocidio silencioso perpetrado por un Estado que, desde la Constitución fujimorista hasta hoy, ha entregado la salud al capital. La lucha por la justicia en este caso debe trascender las indemnizaciones individuales y apuntar a la socialización de la medicina, siguiendo el ejemplo de Cuba, donde la vida no se negocia en bolsas de valores, sino que se defiende como un derecho inalienable.

4. La contradicción entre fuerzas productivas y relaciones de producción: Biotecnología al servicio del pueblo o del capital

La industria farmacéutica contemporánea encarna una de las contradicciones más violentas del capitalismo: por un lado, existen fuerzas productivas avanzadas (biotecnología, ingeniería genética) capaces de resolver problemas de salud globales; por otro, relaciones de producción que subordinan estos avances a la acumulación privada, convirtiendo la medicina en un negocio especulativo. Mientras Cuba demuestra que es posible desarrollar tratamientos innovadores bajo un modelo socialista (como sus vacunas Soberana y Abdala contra el COVID-19, o el Heberprot-P para úlceras diabéticas), en el Perú y el mundo neoliberal, las patentes y monopolios corporativos mantienen a la salud como un privilegio de clase.

La biotecnología cubana, surgida tras la Revolución de 1959, es un ejemplo de cómo la ciencia puede liberarse de la lógica mercantil. Con un enfoque en la soberanía sanitaria , el país produce más de 700 medicamentos y 1,500 reactivos, incluyendo tratamientos contra el cáncer y vacunas que se distribuyen a precios simbólicos a países pobres. En contraste, en América Latina, aproximadamente el 70% del mercado farmacéutico está controlado por multinacionales como Pfizer y Novartis, que imponen precios abusivos: un tratamiento contra el cáncer puede costar hasta US$ 10,000 mensuales, inaccesibles para el 90% de la población.

Esta dinámica de monopolio y especulación se profundizó durante la pandemia de COVID-19. Mientras Cuba lograba vacunar al 90% de su población con dosis propias, en el Perú, el Estado pagó sobreprecios de hasta 300% por vacunas de empresas como Pfizer, cuyas patentes bloquearon la producción local. Paralelamente, la venta de oxígeno – un bien esencial – se convirtió en un negocio criminal: empresas como Air Products y Linde multiplicaron sus ganancias mientras pacientes morían por falta de acceso.

La contradicción entre tecnología disponible y acceso restringido alcanza su máxima expresión en casos como el de Medifarma. La producción de suero fisiológico, un insumo básico, pudo haber sido garantizada mediante protocolos técnicos rigurosos. Sin embargo, bajo el modelo neoliberal, la empresa priorizó reducir costos para competir en un mercado saturado, sacrificando calidad. Este «ahorro» (posible gracias a la desregulación estatal) resultó en lotes contaminados que asesinaron a más de 10 ciudadanos, mientras el Grupo Picasso Candamo tiene total impunidad.

El capitalismo no solo corrompe la ética médica, sino que frena el progreso científico. Las patentes, lejos de «proteger la innovación», funcionan como herramientas de exclusión: la gran mayoría de las investigaciones en oncología son financiadas por corporaciones que patentan moléculas para maximizar ganancias, no para salvar vidas. Cuba, al socializar la investigación, logra avances como el Cimavax-EGF (vacuna terapéutica contra el cáncer) a un costo 10 veces menor que tratamientos similares en EE.UU..

En síntesis, la contradicción entre fuerzas productivas y relaciones de producción en la industria farmacéutica expone la irracionalidad del capitalismo : mientras la tecnología permite resolver enfermedades, el sistema de propiedad privada las convierte en instrumentos de opresión. La solución no está en reformas parciales, sino en la socialización de la ciencia, tal como lo demuestra Cuba, para que los avances médicos sirvan al pueblo y no a los monopolios.

5. La ideología del «libre mercado» y la desinformación mediática: Cómo se oculta el sistema capitalista-mafioso

La ideología del «libre mercado» es el opio ideológico del capitalismo neoliberal. Presentada como un sistema de competencia justa y meritocracia, en realidad funciona como una cortina de humo para ocultar la realidad de un capitalismo monopolista, donde unas pocas familias y corporaciones controlan la economía, la política y los medios de comunicación. En el caso de Medifarma, esta maquinaria ideológica opera con precisión quirúrgica: los medios burgueses reducen el escándalo a «errores administrativos» de gerentes individuales, evitando cuestionar las estructuras de poder que permiten que una empresa como el Grupo Picasso Candamo opere con impunidad.

La prensa peruana, al servicio de la oligarquía, ha invisibilizado que Medifarma no es una empresa aislada, sino parte de un conglomerado que incluye negocios mineros (Minera Poderosa ) y megainfraestructuras (puerto de Chancay). Estos sectores, estratégicos para la acumulación capitalista, son controlados por redes de poder que operan bajo lógica mafiosa: sobornos a funcionarios, evasión fiscal y colusión con el Estado. Sin embargo, los medios prefieren narrativas que culpabilicen a actores individuales (como lo gerentes de Meidfarma), descontextualizando el crimen de su raíz sistémica: un modelo económico que prioriza el lucro sobre la vida.

Esta despolitización deliberada es funcional al capitalismo. Por ejemplo, durante la pandemia de COVID-19, los medios celebraron la «filantropía» de empresas farmacéuticas, ignorando que el 90% de las vacunas fueron producidas por monopolios como Pfizer y Moderna, que fijaron precios abusivos y bloquearon transferencias tecnológicas a países pobres. Cuba, con su modelo socialista, demostró que era posible producir vacunas soberanas (Soberana y Abdala ) sin patentes restrictivas, pero este hecho fue minimizado por la prensa hegemónica, que prefiere presentar la salud como un «negocio» y no como un derecho.

En el caso de Medifarma, la narrativa mediática sigue el mismo patrón: se enfatiza la «negligencia técnica» en la producción de suero fisiológico, pero se silencia que dicha negligencia es producto de presiones sistémicas para reducir costos en un mercado dominado por monopolios. La familia Picasso Arias, dueña del grupo, acumula US$ 830 millones, pero los medios evitan vincular su patrimonio con las prácticas corruptas que lo generan. Esta omisión no es casual: según investigaciones sobre medios y poder, la prensa burguesa actúa como «policía ideológica», criminalizando protestas sociales mientras blanquea la imagen de las élites.

La ideología del «libre mercado» también sirve para legitimar la corrupción estructural. Los contratos ley heredados del fujimorismo (que blindan inversiones privadas), las privatizaciones fraudulentas (como la de Sedalib) y la colusión entre empresarios y políticos (ejemplificada en el caso del oxígeno vendido a precios especulativos durante la pandemia) son presentados como «fallas aisladas». Sin embargo, desde una perspectiva marxista, son mecanismos inherentes al capitalismo monopolista, donde el Estado funciona como comité de gestión de los negocios de la burguesía.

La muerte de la niña en la clínica Sanna, lejos de ser un «accidente», es un síntoma de este sistema. Los medios, al no cuestionar las relaciones de producción que permitieron el suero contaminado, cumplen un rol clave en la reproducción de la dominación de clase. Mientras tanto, las familias afectadas son criminalizadas (Ej. las víctimas de la contaminación minera) o invisibilizadas, tal como lo denuncia la teoría marxista sobre la explotación de las clases populares.

6: Dependencia neocolonial y monopolios farmacéuticos: ¿Por qué el Perú no accede a la medicina cubana?

La industria farmacéutica peruana, lejos de ser «nacional», está profundamente subordinada a los intereses del capital imperialista. El país depende en más del 66% de sus medicamentos de importaciones, principalmente de corporaciones occidentales como Pfizer, Novartis y Roche, que controlan el mercado mediante patentes monopólicas y acuerdos comerciales asimétricos. Esta dependencia no es casual, sino producto de un sistema neoliberal que prioriza la inserción subordinada en la economía global antes que la soberanía sanitaria.

Mientras el Grupo Picasso Candamo (dueño de Medifarma) se expande en Centroamérica, el Estado peruano mantiene aranceles prohibitivos y trabas burocráticas para excluir medicamentos genéricos y tratamientos innovadores de países como Cuba. A pesar de que la isla caribeña produce vacunas (como las anti-COVID Soberana y Abdala ) y medicamentos de bajo costo (ejemplo: Heberprot-P para úlceras diabéticas), el Perú no los incorpora a su sistema de salud. Esto se debe a dos factores estructurales:

1. El bloqueo imperialista de EE.UU. : Las sanciones extraterritoriales contra Cuba (como la Ley Helms-Burton ) obligan a países como el Perú a evitar transacciones con laboratorios cubanos, so pena de sufrir represalias comerciales.
   
2. Acuerdos de libre comercio neocoloniales : Tratados como el TPP-11 (Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífica) priorizan las patentes de las farmacéuticas occidentales, prohibiendo la producción local de genéricos y encareciendo los tratamientos.

Esta dependencia se profundiza por la captura del Estado por lobbies farmacéuticos. Según el informe Lineamientos y propuestas para un plan de autosuficiencia sanitaria, el Perú podría reducir su dependencia importando tecnología cubana o produciendo medicamentos genéricos, pero las élites prefieren mantener relaciones de subordinación con el capital extranjero. Ejemplo de esto es la negativa a aprobar registros sanitarios a medicamentos cubanos , mientras se aprueban con rapidez los de multinacionales que financian campañas políticas.

El caso de Medifarma ilustra esta dinámica: mientras el Estado y también clínicas privadas compran suero fisiológico defectuoso a precios elevados, ignora alternativas soberanas. La familia Picasso Arias, integrada al capital transnacional, reproduce un modelo que desincentiva la innovación local y perpetúa la dependencia. Bajo el neoliberalismo, la salud no solo es un negocio, sino un instrumento de dominación imperialista.

La solución no está en reformas cosméticas, sino en romper con el neocolonialismo farmacéutico. Cuba, bloqueada por décadas, demuestra que es posible desarrollar una industria al servicio del pueblo. El Perú, para lograrlo, debe expropiar a monopolios como Medifarma, nacionalizar la producción de medicamentos y establecer alianzas con países que prioricen la vida sobre el lucro.

Conclusión del artículo:

El escándalo de Medifarma no es un caso aislado, sino un reflejo del capitalismo burocrático-oligárquico que gobierna el Perú. Solo un proyecto socialista, que socialice la salud y la producción científica, podrá garantizar que la medicina deje de ser un privilegio de clase y se convierta en un derecho universal.

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