Noticias Perú, Ley anti-ONG
Ley anti-ONG en Perú desata pugna entre soberanía nacional y oligarquía pro-imperialista
Por Frank Hagen
El 12 de marzo de 2025, el Congreso de Perú aprobó una Ley de Fiscalización de ONG que somete a las organizaciones no gubernamentales al control de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), entidad subordinada al Poder Ejecutivo. Con 82 votos a favor – impulsados por bancadas como Fuerza Popular (19 votos), Perú Libre (8) y Alianza para el Progreso (9) – , la norma refleja una alianza táctica entre sectores patrióticas de la izquierda, nacionalistas y conservadores para enfrentar a la oligarquía caviar, vinculada al capital financiero internacional y a organismos como la OEA y la UE.
La ley exige a las ONG obtener autorización previa de la APCI para ejecutar proyectos financiados por cooperación internacional, prohíbe usar estos recursos para demandar al estado en instancias nacionales o internacionales, y establece multas de hasta S/2,6 millones (500 UIT) por «infracciones graves». Organismos como la ONU y HRW (Human Richts Watch) han denunciado la norma como un instrumento de represión contra movimientos sociales, mientras líderes indígenas y defensores de derechos humanos advierten que vulnera el acceso a la justicia para víctimas del estado.
Reacciones iniciales: Polarización de clase y guerra ideológica
La aprobación de la ley evidenció la fractura entre el fujimorismo (apoyado por el voto de Perú Libre por motivos tácticos) y la oligarquía caviar, cuyos voceros en redes sociales defendieron el papel de las ONG como «aliadas de la democracia», ocultando su función como instrumentos del imperialismo.
Vladimir Cerrón (Perú Libre) justificó la ley como un golpe al «Deep State caviar»:
Gino Román (activista anticorrupción) minimizó el impacto de la prohibición de demandas:
Por el lado de los Caviares, figuras ligadas a la élite transnacional reaccionaron con hostilidad:
“Esta norma es una muestra de que intentan controlar a organizaciones de la sociedad civil* que tienen posturas críticas y cuestionan las decisiones que vienen adoptando desde el poder, en este caso el Congreso y el Gobierno (…) Quieren desaparecer organismos que están dedicados a la defensa de los derechos humanos y fundamentales”, sostuvo el exdefensor del pueblo Walter Albán Peralta. (El termino «sociedad civil» confunde, porque no se trata de la gente con sus reclamos justificados, pero de organizaciones que utilizan estas demandas para desviarlos y por sus fines)
Los representantes de las ONG denuncian la ley y entran en panico. Ojo publico escribe:
“Esta norma es una muestra de que intentan controlar a organizaciones de la sociedad civil que tienen posturas críticas y cuestionan las decisiones que vienen adoptando desde el poder, en este caso el Congreso y el Gobierno (…) Quieren desaparecer organismos que están dedicados a la defensa de los derechos humanos y fundamentales”, sostuvo el exdefensor del pueblo Walter Albán Peralta.
José Alejandro Godoy, intelectual orgánico del liberalismo, acusó al gobierno de «autoritarismo»:
«Hablan de libertad, pero la restringen con su Ley Patriota. Hoy sus émulos en el Perú tachan de ‘caviares’ a quienes les incomodan, a la vez que imponen una agenda globalista disfrazada de derechos humanos».
Los representantes de las ONG denuncian la ley y entran en panico. Ojo publico escribe:
La directora para las Américas de Human Rights Watch, Juanita Goebertus, alegó que atenta contra las libertades de asociación y de prensa, bases de un estado de derecho. Agregó que “otorga amplios poderes al Gobierno para cerrar organizaciones, como en Venezuela y Nicaragua”.
Por su parte, Transparencia Perú señaló que, detrás de esta ley, están actores políticos que conspiran contra la democracia. “Su debilitamiento [el de las ONG] es solo el siguiente paso en el camino para mafias y aspirantes a dictadores que pretenden poner en riesgo la integridad del próximo proceso electoral”.
Para el abogado del IDL Carlos Rivera, lo aprobado en el Congreso tiene características de un Estado opresor.
“Hemos pasado de un ente administrativo a un órgano casi policíaco. Se ha transformado a la APCI en un órgano represor que busca la extinción de las ONG. De las cuatro sanciones, tres buscan perturbar el funcionamiento o liquidar la organización”.
(Fin de la cita de Ojo Publico)
Estas reacciones evidencian la lucha de clases en Perú: mientras el fuerzas patrióticas busca desmontar estructuras de poder dependientes del capital extranjero, los Caviares – representantes de la burguesía compradora – defienden privilegios vinculados a la injerencia imperialista, utilizando discursos de «democracia» y «transparencia» para ocultar su rol como agentes del neoliberalismo globalizado.
Las ONG como instrumentos de injerencia imperialista: Los casos de México y Ucrania
La aprobación de la Ley anti-ONG en Perú no es un fenómeno aislado, sino una respuesta estructural a la instrumentalización de organizaciones no gubernamentales (ONG) por parte del imperialismo para socavar la soberanía de los Estados. Tal como lo demuestran los casos de México y Ucrania, estas entidades operan como fachadas del capital transnacional , ejecutando agendas políticas que priorizan los intereses de las potencias hegemónicas sobre las necesidades de los pueblos.
México: ONG y la guerra judicial contra el Estado soberano
En México, las ONG financiadas por USAID y la National Endowment for Democracy (NED) han actuado como agentes de desestabilización durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024). Estas organizaciones, camufladas bajo discursos de «defensa de la democracia», han sido clave en la oposición a reformas que buscan reducir la dependencia del país respecto al capital financiero internacional.
Ejemplo 1: Reforma judicial y «capacitación» externa
Organizaciones como el Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) , vinculado a USAID, han sido acusadas de promover «jueces afines a intereses extranjeros». Durante el debate sobre la reforma judicial de 2024, que propone eliminar requisitos técnicos elitistas para magistrados, ONGs financiadas por EE.UU. lanzaron campañas mediáticas para desacreditar la iniciativa, etiquetándola como «populista».
Ejemplo 2: Redes de corrupción y «sociedad civil
La red Star Blizzard , expuesta en 2023, reveló cómo grupos financiados por fundaciones estadounidenses atacaban a funcionarios mexicanos que cuestionaban políticas neoliberales. Estas acciones no solo buscaban erosionar la legitimidad del gobierno, sino también preservar el control de la oligarquía nacional y transnacional sobre instituciones clave, como el Poder Judicial.
Ucrania: Laboratorios de desestabilización bajo bandera «humanitaria»
Fuente imagen: rg.ru
El caso de Ucrania es paradigmático de cómo las ONG sirven de caballos de Troya para derrocar gobiernos que resisten la hegemonía occidental. Desde la Revolución Naranja (2004) hasta el Euromaidán (2014) , EE.UU. y la UE han utilizado organizaciones como Freedom House y el International Republican Institute (IRI) para entrenar activistas, financiar medios de comunicación y promover narrativas contra gobiernos prorrusos.
Victoria Nuland y el financiamiento de $5 mil millones
La exsubsecretaria de Estado Victoria Nuland confirmó en 2023 que EE.UU. destinó más de $5 mil millones a ONG ucranianas (solo) entre 2013 y 2023, incluyendo apoyo logístico a movimientos que exigían la salida del presidente Viktor Yanukóvich. Estos recursos se canalizaron a través de USAID y la NED, violando principios de no intervención.
ONG como punta de lanza del Maidán
Grupos como Otpor (financiados por Soros y USAID y involucrado en el golpe de estado contra el presidente legítimo de Slobodan Milosevic in Ex-Yugoslavia el 5 October 2000) capacitaron a activistas ucranianos en técnicas de desobediencia civil, mientras organizaciones «humanitarias» servían de tapadera para infiltrar agentes extranjeros en instituciones estatales. El resultado fue un golpe de Estado que allanó el camino para la instalación de un régimen alineado con la OTAN.
Comparación de la ley peruana con Venezuela y EE.UU.: Instrumentalización legal contra la injerencia extranjera
Coincidencias con la Ley venezolana (Ley Simón Bolívar y otras):
La normativa peruana limita la autonomía de las ONG y establece sanciones por actividades consideradas «contrarias al orden público», similar a lo observado en Venezuela:
Control previo y autorización gubernamental:
Artículo 4.u del proyecto peruano: La APCI debe dar «conformidad previa» a proyectos financiados por cooperación internacional.
Artículo 21.c.2 : Prohíbe usar recursos para «asesorar, asistir o financiar acciones judiciales o administrativas contra el Estado», incluso en instancias internacionales (como la Corte IDH).
Paralelo en Venezuela : La Ley Simón Bolívar (2024) penaliza con hasta 30 años de cárcel y confiscación de bienes a quienes reciban fondos extranjeros sin autorización.
Sanciones draconianas:
Artículo 22 : Multas de hasta 500 UIT (S/2,6 millones), cancelación de inscripción o disolución de la ONG.
Paralelo en Venezuela : La misma ley venezolana contempla penas de cárcel y sanciones económicas para ONG que operen sin permiso.
Coincidencias con la Ley estadounidense (FARA):
El proyecto peruano exige transparencia y registro obligatorio, similar al Foreign Agents Registration Act (FARA) (Ley para la registración de agentes extranjeros) del 1938 de EE.UU., aunque con un enfoque más punitivo:
Registro obligatorio y fiscalización:
Artículo 3.3 y 4.m : Las ONG deben inscribirse en registros públicos de la APCI y reportar detalles de sus proyectos, fuentes de financiamiento y ejecución de fondos.
Artículo 14 : Obliga a reportar información mensual a la SUNAT sobre bienes ingresados al país.
Paralelo en EE.UU. : FARA exige a agentes extranjeros registrarse y divulgar sus actividades, aunque sin prohibir su labor (22 U.S.C. § 611).
Restricciones a la defensa legal:
Artículo 21.c.2 : Prohibición de financiar demandas contra el Estado, incluso en tribunales internacionales.
Paralelo en EE.UU. : Aunque FARA no prohíbe litigar, exige transparencia en la representación de intereses extranjeros, lo que podría limitar indirectamente ciertas acciones.
Lecciones para Perú: La ley anti-ONG como defensa de la soberanía
La norma peruana, alineada con estrategias de resistencia anti-imperialista , busca neutralizar la instrumentalización de ONG como punta de lanza del capital transnacional. Tal como en Venezuela y Nicaragua, la ley responde a una lógica de guerra no convencional , donde la «sociedad civil» organizada actúa como brazo político de potencias extranjeras.
Clase dominante vs. soberanía popular:
Marx y Engels, fuente imagen: kprf.ru
La oligarquía financiera (caviar), representada por élites vinculadas a organismos como la OEA y la UE, ha utilizado ONG para judicializar la protesta social y deslegitimar gobiernos que cuestionan el neoliberalismo. La prohibición de financiar demandas internacionales es, en este contexto, un acto de resistencia contra el lawfare (guerra jurídica) imperialista.
La dialéctica de la lucha de clases:
En la situación actual de Perú se debe identificar la contradicción principal en un contexto especifico. No es la contradicción ficticia entre «democracia y autoritarismo», de los dos caras del dominio capitalista, sino entre soberanía nacional y dominación imperialista . La ley anti-ONG, a pesar de sus limitaciones, expresa un intento por romper con la lógica de subordinación a intereses externos, alineándose con procesos similares en Venezuela y Nicaragua. El voto de Perú Libre no es un voto a favor del fujimorismo, es un voto táctico basado en el materialismo dialectico de Marx, analizando las contradicciones en los dos bloques de la burguesía y encontrando brechas para combatir la injerencia extranjera y defender la soberanía del pueblo peruano. Esto es solo una victoria táctica. Hasta un cambia radical en el Perú con una nueva constitución hay todavía un camino largo.
