El sector energético privado: la catástrofe previsible (Parte 1)
Camisea, TGP y la lógica de la ganancia: cómo la privatización de un recurso estratégico llevó al Perú al borde del colapso
Por: Frank Hagen
No fue un accidente, fue una consecuencia
El domingo 1 de marzo de 2026, una deflagración sacudió la estación de válvulas del kilómetro 43 del gasoducto de Camisea, en el distrito cusqueño de Megantoni. En cuestión de horas, el suministro de gas natural que mueve al Perú se redujo a apenas el 9% de su capacidad habitual [1]. Lo que siguió fue un terremoto social y económico: 350.000 taxistas varados, 1.000 industrias paralizadas, 500 toneladas de basura acumulándose en Villa El Salvador, colas interminables en grifos y un gobierno decretando el regreso a las clases virtuales y al teletrabajo para intentar contener el caos [2, 3, 4].
Fuente: Qwen-IA editado
La prensa y los voceros oficiales lo llamaron «accidente», «siniestro», «incidente fortuito». Pero quienes solo ven un error humano o una falla técnica se quedan en la superficie. Detrás de la tubería rota hay una estructura, y detrás de esa estructura, un sistema.
Lo que ocurrió en Megantoni no fue un accidente. Fue una catástrofe previsible, la manifestación más brutal de una contradicción que viene gestándose desde que se entregó el gas peruano a manos privadas: la contradicción entre la maximización de la ganancia y la satisfacción de las necesidades sociales.
Para entenderlo, no basta con preguntarse qué falló en el ducto. Hay que preguntarse: ¿de quién es el ducto? ¿Quién lo opera? ¿Quién lo supervisa? Y sobre todo: ¿quién paga las consecuencias?
La estructura de la vulnerabilidad – ¿Quiénes son los dueños del gas?
La ficción de la propiedad estatal
El discurso oficial repite como un mantra que el gas es del Perú. Y es cierto, jurídicamente hablando: el Estado peruano es el propietario del recurso en el subsuelo y, a través de Perupetro, concede su explotación a privados a cambio de regalías e impuestos, que en realidad son limosnas. Pero esa propiedad nominal es una ficción cuando el control real de la infraestructura más crítica del país está en manos de corporaciones cuyo único mandato es maximizar su lucro.
La crisis que hoy vivimos no es de un recurso que falta, sino de una infraestructura que falla. Y esa infraestructura —los pozos, las plantas, los 730 kilómetros de tubería que transportan el gas desde la selva hasta la costa— no es del Estado. Es de la Transportadora de Gas del Perú (TGP), una empresa privada que opera en régimen de monopolio y cuyas decisiones sobre mantenimiento, inversión y seguridad no responden al interés nacional, sino a la rentabilidad de sus dueños [5].
El Estado se ha convertido en un mero recaudador de rentas irrisorias. No controla, no decide sobre la integridad de un activo del que dependen 2 millones de hogares, la generación eléctrica de medio país y la economía entera de Lima y Callao.
El Consorcio de la Fragilidad
¿Quiénes son los dueños de TGP? La respuesta está en un entramado societario que revela mucho más que cualquier balance financiero. TGP es propiedad de un consorcio encabezado por el fondo de inversión estadounidense EIG, que posee el 49,8% de las acciones. Le siguen la estatal argelina Sonatrach y la española Enagás [5].
La presencia de EIG es clave para entender la lógica que gobierna el gasoducto. Los fondos de inversión no velan por los intereses de la sociedad peruana, construyen beneficios para ellos. Su horizonte no es el desarrollo a largo plazo de la infraestructura peruana, sino la maximización del lucro para sus inversionistas en el menor tiempo posible. Esto significa que el mantenimiento, la seguridad y la redundancia del sistema no son fines en sí mismos, sino costos que deben ser reducidos al mínimo para no afectar sus exorbitantes ganancias.
Durante 20 años, TGP ha alardeado de un «índice de confiabilidad del 99,7%» y de inversiones anuales en mantenimiento de 100 millones de dólares [6]. Pero los números no cuentan la historia de la presión constante por recortar gastos, ni explican por qué, cuando se produjo la deflagración, los trabajadores estaban realizando «labores de mantenimiento preventivo» en condiciones de riesgo total, lo que los expertos califican, con sutileza, de «mala praxis» [7].
La lógica de la ganancia vs. la lógica de la seguridad
Las fotografías aéreas del lugar del siniestro son más elocuentes que cualquier informe. Muestran zanjas abiertas, suelo removido, tubería expuesta justo en el punto exacto de la deflagración.. No hay señales de un desastre natural ni de un atentado. Hay evidencia de intervención humana en el punto exacto donde se produjo la fuga [8].
José Mansen, experto en seguridad de hidrocarburos, lo explicó sin rodeos: la empresa habría advertido un problema en la válvula y envió un equipo a revisarla. La fuga ocurrió mientras se realizaban esas labores. Otro especialista consultado fue aún más directo: «Las evidencias visuales —intervención humana, excavación, bypass y manipulación de válvulas— sugieren que el error operacional es una probabilidad mayor que una falla natural del ducto« [7].
Cuando se maximiza la ganancia reduciendo costos, la seguridad se convierte en un gasto prescindible. Cuando se prescinde de la seguridad, el error humano deja de ser una excepción y se convierte en una consecuencia estructural.
La investigación fiscal lo ha entendido así. El Ministerio Público abrió diligencias preliminares contra TGP no por un delito menor, sino por «contaminación ambiental» y «atentado contra las condiciones de seguridad y salud en el trabajo» [9]. No es un accidente. Es, potencialmente, un delito corporativo, como REPSOL.
El presidente interino de Osinergmin, Aurelio Ochoa, confirmó a la prensa que «los indicios apuntan a un problema de mantenimiento en las tuberías» y descartó que hubiera sido un atentado [10]. Dicho de otro modo: la empresa responsable de mantener la infraestructura crítica del país falló en su labor, y esa falla sumió al Perú en su peor crisis energética en dos décadas.
El «colmo» de la privatización – Cuando hasta el vigilante es privado
Si la lógica capitalista dicta que un bien estratégico debe estar en manos privadas para ser «gestionado con eficiencia», la lógica de la ganancia lleva esa premisa hasta sus últimas consecuencias: si la operación es privada, ¿por qué no habría de serlo también la supervisión? ¿Por qué el Estado iba a gastar recursos en vigilar lo que el mercado, supuestamente, autorregula?
La respuesta a estas preguntas, en el Perú de 2026, es tan reveladora como alarmante. Y está escrita en un contrato que, hasta antes de la explosión en Megantoni, pasaba desapercibido para la opinión pública.
Fuente: Qwen-IA editado
El contrato de los 4 millones
Meses antes de la deflagración, el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) —el ente estatal creado precisamente para fiscalizar a las empresas energéticas— tomó una decisión que resume la degradación de lo público en el modelo neoliberal: tercerizó su función de supervisión.
La Contraloría General de la República detectó que Osinergmin mantenía un contrato por casi 4 millones de soles con una empresa privada externa para que realizara las labores de fiscalización del transporte de gas natural [A]. Es decir, el vigilante contrató a un vigilante privado, y el Estado peruano se convirtió en un mero pagador de facturas, en un administrador de papeles, mientras la tarea central de garantizar la seguridad de la infraestructura crítica quedaba en manos de… otra empresa privada.
No se trata de una especulación. La propia Contraloría, ante la crisis desatada, ha puesto el foco en este punto y ha exigido a Osinergmin que explique «cómo se realizaron las actividades de supervisión» y si se ejecutaron conforme al contrato. El objetivo, según el vocero de la Contraloría, es determinar si existieron «falencias que provocaron la mencionada fuga» [A].
La pregunta es inevitable: ¿cómo va a controlar el Estado a una empresa privada (TGP) si ni siquiera controla a la empresa privada que contrató para que hiciera su trabajo? La respuesta es simple: no lo hace.
La cadena de la irresponsabilidad
Lo que se configura aquí es lo que podríamos llamar una cadena de irresponsabilidad delegada. En un extremo, TGP opera el ducto con la lógica de maximizar su ganancia, lo que implica reducir costos de mantenimiento. En el otro extremo, el Estado, a través de Osinergmin, debería velar porque esa reducción («optimización» de gastos) no atente contra la seguridad. Pero en lugar de ejercer esa función, la externaliza a otra empresa privada, que ahora tiene la responsabilidad de vigilar a TGP.
¿Y quién vigila al vigilante privado? Osinergmin dice que lo hace, pero sus propios registros muestran que no. Si lo hubiera hecho, habría detectado a tiempo las condiciones de riesgo en las labores de mantenimiento que, según todas las evidencias, desencadenaron la explosión.
Los especialistas consultados son claros: se trata de «trabajos de inspección RBI (Risk Based Inspection) en la válvula» en el momento de la fuga [7]. TGP envió un equipo a revisar un problema advertido. Y mientras esos trabajadores —muchos de ellos contratistas, no empleados directos de la empresa— manipulaban la válvula, ocurrió lo que ningún sistema de supervisión privada pudo prevenir.
El testimonio de dos sobrevivientes, grabado en video mientras huían por el bosque, es desgarrador: «Acabamos de escapar de la explosión (deflagración) de la fuga de gas de la válvula (…) Gracias a Dios hemos escapado de esto que nos ha pasado y ahorita estamos en medio del bosque y no sabemos a dónde ir» [7].
Esa es la imagen real de la «eficiencia privada»: trabajadores huyendo por la selva, un país paralizado y una supervisión que nunca existió.
El Estado ausente, el Estado pagador
La ironía más amarga de este modelo es que el Estado, ausente en su rol de vigilante, se vuelve omnipresente en su rol de pagador. Incapaz de prevenir la catástrofe, se ve obligado a gestionar sus consecuencias con dinero de todos los peruanos.
Las medidas anunciadas por la presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, el 6 de marzo, son el catálogo de una socialización de pérdidas en toda regla:
- Compensación a taxistas: El Estado cubrirá el pago mínimo mensual de la deuda por conversión a GNV de 165.000 taxistas, a razón de S/120 mensuales por unidad. Un subsidio directo a conductores afectados por una crisis que no generaron [11].
- Incremento del Vale FISE: El bono para familias pobres que compran balones de gas subió de S/20 a S/30, beneficiando a 1,3 millones de hogares. Otro subsidio para paliar el alza de precios provocada por la falla privada [11].
- Movilización de las Fuerzas Armadas: Aviones, helicópteros y personal del Mindef fueron puestos a disposición de TGP para transportar maquinaria y equipos a la zona del siniestro [10]. El Estado peruano financiando la logística de reparación de una empresa privada.
- Suspensión de exportaciones: El gobierno ordenó detener las exportaciones de gas para priorizar el mercado interno, sacrificando ingresos en divisas para garantizar que TGP pueda cumplir con su concesión [12].
Mientras tanto, el costo social se extiende como una mancha de aceite. En Villa El Salvador, 28 camiones compactadores de basura están paralizados porque sus chips de GNV fueron bloqueados. Quinientas toneladas de residuos sólidos se acumulan en las calles. El gerente de Servicios a la Ciudad del distrito clama: «Hacemos un llamado al Gobierno para que activen nuevamente el chip» [3]. El gobierno, que debería estar protegiendo a los ciudadanos, aparece ahora como el que bloquea y desbloquea, el que subsidia y el que reprime, pero nunca como el que previene y vela por el bienestar de la ciudadanía.
La confesión del ministro
Quizás nadie ha sintetizado mejor la vulnerabilidad del sistema que el propio ministro de Energía y Minas, Ángelo Alfaro, en su presentación ante el Congreso el 5 de marzo. Allí, sin tapujos, declaró: «Esta crisis de gas evidencia la fragilidad del sistema energético del país al depender de una sola infraestructura para transportar el recurso de Camisea, lo que pone en riesgo el abastecimiento ante cualquier incidente».
Y añadió una comparación devastadora: «Chile, que no es productor de gas, tiene cinco ductos. Luego de 20 años de Camisea, no tenemos un anillo energético ni un gaseoducto alternativo».
Veinte años de operación privada, veinte años de ganancias para los accionistas de TGP, Pluspetrol, Hunt Oil y compañía, y el resultado es una red energética que depende de una sola tubería. Veinte años de «eficiencia» privada y el país sigue siendo tan vulnerable como el primer día. Porque la vulnerabilidad no es un error del modelo: es su característica esencial. La redundancia, los sistemas alternativos, la inversión en seguridad no son rentables. Y lo que no es rentable, simplemente no se hace.
El Estado, que debió exigir y garantizar esa redundancia, que debió construir el Gasoducto del Sur que hoy reclamamos, renunció a su responsabilidad. Y ahora, cuando la tubería única falla, todo el sistema colapsa. Y el Estado, el mismo que no cumplió su rol, seguro por prebendas de funcionarios corruptos en el «paraíso neoliberal», tiene que salir con chequera en mano para que el pueblo peruano pague los platos rotos.
EXCELENTE ARTÍCULO. MIS FELICITACIONES A FRANK HAGEN. COINCIDIMOS EN TODAS SUS AFIRMACIONES.
POR MI PARTE ESCRIBI UN ARTÍCULO DE TRES PÁGINAS TITULADO «GAS NATURAL, COMBUSTIBLE ESENCIAL, SIN STOCK DE SEGURIDAD PARA EL PAÍS» CON UN GRÁFICO PARA MEJOR COMPRENSIÓN DE PORQUE EL SINIESTRO ORIGINO PARAR EL TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS POR TRES DUCTOS: GAS COMBUSTIBLE PARA CONSUMO INTERNO, GAS COMBUSTIBLE PARA EXPORTACIÓN Y LÍQUIDOS POR EL DUCTO HASTA PISCO (PLANTA DE LOBERÍA) DONDE SEPARAN LOS LIQUIDOS Y OBTIENEN PROPANO Y BUTANO, QUE AL SER MEZCLADOS EN DETERMINADOS PORCENTAJES FORMULAN /OBTIENEN EL GLP PARA SU COMERCIALIZACIÓN. SI ME PASAN SU CORREO ELECTRÓNICO PUEDO ENVIARLES EL ARTÍCULO Y SI LEE PARECE CONVENIENTE PUEDEN PUBLICARLO.