El sector energético privado: la catástrofe previsible (Parte 2)
Camisea, TGP y la lógica de la ganancia: cómo la privatización de un recurso estratégico llevó al Perú al borde del colapso
La tormenta perfecta de la socialización de pérdidas
Mientras los accionistas de TGP, EIG, Sonatrach y Enagás veían cómo su inversión les retornaba ganancias año tras año, el país entero se volvía más vulnerable. La «eficiencia» del sector privado significó, en la práctica, un ahorro sistemático en mantenimiento, la ausencia de planes de contingencia reales y una red energética que depende de un solo ducto. Cuando ese ducto falló, las ganancias ya estaban en los paraísos fiscales y en las cuentas de los grandes inversionistas. Las pérdidas, en cambio, comenzaron a repartirse entre todos los peruanos.
Esta es la tormenta perfecta de la socialización de pérdidas: el pueblo trabajador en la primera línea del desastre, las pequeñas y medianas empresas asfixiadas por el sobrecosto, y el fantasma de un nuevo incremento tarifario que terminará pagando, una vez más, el consumidor final.
Fuente: Qwen-IA
El pueblo trabajador en la primera línea
Los taxistas: el triple de gasto para ganar lo mismo
Ningún sector ha sido golpeado con tanta saña por esta crisis como los taxistas. Son, paradójicamente, los mismos a quienes el discurso oficial suele señalar como «informales» o «desorganizados», pero cuando la economía se resiente, son los primeros en cargar con el peso.
La Asociación Automotriz del Perú (AAP) lo calculó con precisión: un taxista que recorre 200 kilómetros diarios gastaba alrededor de S/20 al día en GNV. Con la restricción, obligado a usar gasolina, ese gasto se dispara a más de S/70 diarios. Es decir, casi el triple [13]. En un país donde la mayoría de los taxistas vive al día, donde lo que ganan en la mañana es lo que comen en la noche, este incremento no es un contratiempo: es una sentencia de pobreza.
Los testimonios recogidos en los grifos de Lima son desgarradores. Sinecio Lino, un conductor que hizo cola en el grifo de PetroPerú en la avenida Brasil, declaró: «La gasolina premium está costando hasta 20 soles. Antes solo gastaba entre 10 a 12 soles por el GNV» [14].
El gerente de Estudios Económicos de la AAP, Alberto Morisaki, lo explicó en términos crudos: «Un taxista podría gastar alrededor de S/700 al mes con GNV, pero con gasolina ese monto puede superar los S/2.200» [13]. Mil quinientos soles de diferencia que no van a ningún lado, que no significan un mejor servicio ni un vehículo más seguro, sino simplemente el costo de una crisis derivada de las privatizaciones.
Edgar Pando, vocero del Sindicato de Taxis Amarillos de Lima y Callao, denunció lo que muchos callan: «Los taxistas hemos sido discriminados por el Ministerio de Energía y Minas. Somos parte del transporte regular, pero no estamos considerados dentro de la solución». Y reveló un dato escalofriante: la flota de taxis se redujo en un 70% en Lima en los primeros días de la crisis. Las calles, vacías. La gente, esperando colectivos que no pasan. Los viajes, con tarifas incrementadas hasta en un 50% para que los pocos conductores que aún trabajan puedan apenas cubrir sus costos [14].
Las familias: el alza de precios que ya llegó
El golpe a los taxistas es solo el más visible. Detrás viene el impacto en la canasta básica, ese que los economistas llaman «presión inflacionaria» y que en la vida real significa que la gente pobre paga más por lo mismo.
El jefe del Instituto de Economía de la Cámara de Comercio de Lima, Óscar Chávez, advirtió que la crisis «impactaría potencialmente en el 60% de los bienes y servicios que componen la canasta de consumo de Lima Metropolitana» [15]. Sesenta por ciento. Más de la mitad de lo que compra una familia limeña está, de alguna manera, atado al transporte. Y si el transporte se encarece, todo se encarece.
El economista e investigador de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Jorge Manco Zaconetti, expresó: más de 8 millones de hogares peruanos dependen del balón de gas para cocinar. Y el 70% del GLP que consumen viene de Camisea y «está cortado» [5]. La planta de fraccionamiento de Pluspetrol en Pisco, de donde sale el GLP, detuvo su producción. Las cisternas que antes cargaban en 14 horas ahora tardan hasta tres días. Los costos logísticos se disparan y, como siempre, terminan en el recibo que paga la familia [16].
En los grifos de Lima, el precio de la gasolina ya superaba los S/19 por galón en los primeros días de marzo [13]. En Chiclayo, el GLP casi duplicó su precio, pasando de S/5,50 a rozar los S/10 en algunos establecimientos [4]. En Arequipa, el galón de GLP llegó a S/6,68 en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero [4]. Una ola de aumento que recorre el país mientras los voceros oficiales salen a decir que «todo está controlado».
Los servicios públicos: la basura que nadie recoge
Las calles de Villa El Salvador. Allí, 28 camiones compactadores de basura, todos ellos convertidos a GNV, están paralizados. Sus chips de abastecimiento fueron bloqueados por disposición del Ministerio de Energía y Minas, que priorizó el combustible para el transporte público masivo. El resultado: 800 toneladas de residuos sólidos acumuladas en el distrito, un problema de salud pública en ciernes y un municipio desbordado [3].
La pequeña y mediana industria en la cuerda floja
Si los taxistas y las familias son los más visibles, la pequeña y mediana industria es el tejido silencioso que sostiene la economía real. Y ese tejido se está desgarrando.
Alejandro Daly, director de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), calculó en 1.000 empresas las afectadas por la restricción de gas natural, entre medianas y grandes [18]. Pero el impacto no se detiene ahí. Cada empresa grande tiene decenas de proveedores pequeños, cientos de trabajadores, miles de familias que dependen de su funcionamiento.
El caso de la industria láctea es emblemático. Daly lo explicó con crudeza: «La cadena láctea se está afectando tanto en el acopio como en la producción de leche. No pueden recibir más leche fresca de producción nacional para atender su línea de producción, porque la maquinaria está parada» [18]. Leche que se produce, pero no se procesa. Leche que se pierde. Pequeños ganaderos que no pueden vender su producto. Familias que dejan de recibir su único ingreso.
Lo mismo ocurre con las galletas, los aceites, las golosinas, las bebidas. Procesos continuos que, al interrumpirse, generan «un daño económico tremendo» [18]. Y aunque las grandes empresas tienen stocks de seguridad para unos días, esos stocks no son infinitos. Si la crisis se prolonga, el desabastecimiento en los anaqueles será una realidad.
El ministro de la Producción, César Quispe, salió a decir que «las principales empresas importadoras de GLP cuentan con stock suficiente» [17]. Pero lo que no dijo es que ese stock tiene un costo, y que ese costo terminará trasladándose al consumidor. La propia SNI lo admitió entre líneas: «El costo de la energía sí va a subir de manera muy importante» [18].
Mario Salazar, presidente del Comité de Agroindustrias de la Asociación de Exportadores (ADEX), fue más directo: la migración al petróleo provocará «un fuerte incremento en el costo de la energía eléctrica utilizada en las plantas de procesamiento, lo que finalmente se trasladará al consumidor» [19]. Y el pequeño agricultor, el de a pie, «también se vería perjudicado, ya que las plantas procesadoras podrían cerrar temporalmente y dejar de comprar su producción» [19].
El pueblo pagará la reparación
Pero quizás la jugada maestra de esta socialización de pérdidas aún está por venir. Cuando el polvo se asiente, cuando las llamas se apaguen y los ductos sean reparados, TGP enfrentará una factura multimillonaria. ¿Quién la pagará?
La experiencia internacional y la lógica del sistema tienen una respuesta clara: el consumidor final.
TGP es una concesionaria privada que opera en régimen de monopolio. Sus tarifas son reguladas por Osinergmin en función de sus costos operativos y una rentabilidad garantizada. Si la empresa logra demostrar que los costos de reparación del ducto son extraordinarios y ponen en riesgo su viabilidad financiera, nada impide que solicite una revisión de tarifas para recuperar esa inversión.
Eso significa que, en los próximos meses o años, los recibos de gas y electricidad de todos los peruanos podrían incrementarse para pagar los platos rotos de un accidente que la empresa no supo prevenir. Sería el colmo de la perversidad: la población ya pagó con su trabajo, con su tiempo, con su salud durante la crisis. Ahora también pagará con su bolsillo la reparación de la infraestructura que nunca debió fallar.
Y mientras tanto, los accionistas de TGP —el fondo EIG, Sonatrach, Enagás— seguirán recibiendo sus dividendos como si nada hubiera pasado. Porque para eso existe el sistema: para que las ganancias sean privadas y las pérdidas, públicas.
Conclusión: La catástrofe previsible y la necesidad de una alternativa
Lo ocurrido en Megantoni no fue un accidente. Fue una consecuencia lógica y necesaria de un modelo que entrega recursos estratégicos a manos privadas y confía en que el mercado, por sí solo, garantizará la seguridad y el bien común.
La evidencia es abrumadora:
- La estructura de propiedad de TGP, encabezada por un fondo de inversión cuya única lógica es la maximización de la ganancia, generó una presión constante para reducir costos de mantenimiento, hasta que la «mala praxis» provocó la explosión.
- El Estado, lejos de cumplir su rol de vigilante, privatizó la propia supervisión, contratando a otra empresa privada para que fiscalizara a TGP, en una cadena de irresponsabilidad que dejó al país sin control efectivo.
- Cuando la crisis estalló, el mismo Estado ausente se convirtió en el pagador de última instancia, inyectando millones de soles en subsidios a taxistas y familias, movilizando a las Fuerzas Armadas y suspendiendo exportaciones, mientras la población asumía el costo directo en su bolsillo y en su calidad de vida.
- Los trabajadores —taxistas, obreros, pequeños comerciantes— fueron los más golpeados, viendo triplicados sus costos de combustible, perdiendo sus ingresos o enfrentando el alza imparable de la canasta básica.
- Las pequeñas y medianas industrias, el tejido productivo del país, quedaron en la cuerda floja, con pérdidas millonarias y la amenaza latente de una ola de quiebras.
Veinte años de gestión privada de Camisea han demostrado una verdad incómoda para los defensores del mercado: la empresa privada no está hecha para garantizar el bien común. Está hecha para garantizar la ganancia de sus accionistas. Y cuando ambas cosas entran en conflicto, como inevitablemente sucede, la ganancia siempre gana.
Por eso, la lección política de esta catástrofe no puede ser un llamado a «mejorar la regulación» o a «aumentar las multas». Esas son medidas cosméticas que no alteran la raíz del problema. La lección es mucho más profunda y, para algunos, incómoda: los recursos estratégicos y la infraestructura crítica deben estar en manos del Estado y bajo control del pueblo.
No se trata de una nostalgia estatista ni de una ideología trasnochada. Se trata de pura necesidad práctica. Un gasoducto del que dependen 2 millones de hogares, la generación eléctrica de medio país y la economía entera de Lima no puede estar sujeto a los vaivenes de la rentabilidad privada. Su seguridad, su mantenimiento y su planificación a largo plazo deben responder a criterios técnicos y sociales, no a los estados financieros de un fondo de inversión.
La propiedad estatal de la infraestructura energética no es un fin en sí mismo, pero es una condición necesaria para garantizar que las decisiones sobre un bien tan sensible se tomen con criterios de servicio público y no de lucro privado. Es, además, la única forma de asegurar que cuando ocurra la próxima falla —porque siempre ocurrirán fallas—, el país tenga la capacidad de responder sin que el costo recaiga exclusivamente sobre los hombros de los más humildes.
Chile, que no produce gas, tiene cinco ductos de ingreso. Perú, que tiene el gas más caro de la región, tiene uno solo. Esa no es una casualidad geográfica: es el resultado de décadas de políticas que priorizaron la rentabilidad de las concesionarias sobre la seguridad energética del país.
Mientras el gas y los ductos sigan siendo un negocio para unos pocos, todo el Perú vivirá al borde del próximo desastre. La catástrofe ya ocurrió. Ahora la pregunta es si aprenderemos la lección o esperaremos a la siguiente.
Y si no aprendemos, si seguimos confiando en que el mercado resolverá lo que el mercado mismo ha generado, entonces la próxima vez no será un gasoducto roto. Será algo peor. Y cuando ocurra, no podremos decir que no lo vimos venir.
Porque todo esto era, desde el principio, una catástrofe previsible.
¡Nacionalización del gas, ya!
Fuentes:
[1] Redacción EC. (5 de marzo de 2026). Minem: Solo se cubre el 9 % del consumo de gas natural tras rotura de ducto en Cusco. El Comercio.
[2] Grandez, R. (7 de marzo de 2026). Gobierno anuncia bono para taxistas que usan GNV y aumento del vale FISE. La República.
[3] Redacción EC. (5 de marzo de 2026). Villa El Salvador: escasez de GNV paraliza la recolección de basura en el distrito. El Comercio.
[4] Redacción EC. (7 de marzo de 2026). Escasez de GNV EN VIVO: últimas noticias, nuevas medidas y alza de precios en los combustibles. El Comercio.
[5] Ramos, A. (6 de marzo de 2026). Balón de gas: Más de 8 millones de hogares en Perú sufrirían alza del precio por crisis energética. La República.
[6] Saldarriaga, J. (5 de marzo de 2026). TGP, operador del gasoducto de Camisea: «Estimamos, efectivamente, 14 días para el restablecimiento del suministro». El Comercio.
[7] Redacción EC. (7 de marzo de 2026). Escasez de GNV EN VIVO (16:32-16:38). El Comercio.
[8] (No se utiliza directamente en el texto final, pero corresponde a las fotos mencionadas en [7]).
[9] Redacción EC. (4 de marzo de 2026). Fiscalía inicia investigación a la empresa TGP por fuga de gas natural con deflagración en el Cusco. El Comercio.
[10] Grandez, R. (6 de marzo de 2026). Premier Denisse Miralles: «No hay certeza sobre cuánto tardará la reparación del ducto TGP». La República.
[11] Grandez, R. (7 de marzo de 2026). Gobierno anuncia bono para taxistas que usan GNV y aumento del vale FISE. La República. (Confirmación de las medidas).
[12] Redacción EC. (5 de marzo de 2026). Minem: Solo se cubre el 9 % del consumo de gas natural tras rotura de ducto en Cusco. El Comercio. (Incluye las declaraciones del ministro Alfaro).
[13] Gil Mena, F. (5 de marzo de 2026). Gasolina supera los S/19 por galón en Lima tras restricción del GNV. El Comercio.
[14] Cayetano Chávez, J. (4 de marzo de 2026). Prohibición de venta de GNV: ¿Qué ajustes económicos realizan los taxis amarillos y apps de movilidad? El Comercio.
[15] Grandez, R. (7 de marzo de 2026). CCL: Restricción de GNV impactaría en la inflación en marzo y abril. La República.
[16] Ramos, A. (7 de marzo de 2026). Pluspetrol paraliza producción de GLP, usado en balones de gas y vehículos, por daños en ducto de Camisea. La República.
[17] Bianchi, J. (6 de marzo de 2026). Ministro de la Producción: «Las importadoras tienen stock de GLP suficiente para cubrir el consumo nacional». La República.
[18] Inga Martínez, C. (5 de marzo de 2026). Soc. Nacional de Industrias: «Estamos en proceso de ingresar solicitudes y tener la autorización para usar diésel y GLP». El Comercio.
[19] Grandez, R. (4 de marzo de 2026). Sectores de construcción, agroexportación y transporte se ven afectadas ante restricción del gas natural. La República.
[A] Información de contexto sobre el contrato de supervisión de Osinergmin y el hallazgo de la Contraloría, aportada por el usuario en el análisis previo.
